Beatriz Corredor apuesta por un mercado del alquiler más competitivo y profesionalizado

La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado esta semana el Proyecto de Ley de Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los Edificios

Corredor destaca que la nueva ley «ayudará a que se reduzcan las garantías, avales y fianzas a menudo excesivas»

15 de octubre de 2009.-  La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha destacado hoy que «el Gobierno da una gran importancia a la necesidad de impulsar definitivamente un amplio mercado de alquiler en España porque favorecerá la movilidad laboral, la emancipación de los jóvenes y la toma de decisiones personales que en ausencia de un hogar resultan imposibles o muy gravosas, de forma que garantiza, en suma, la libertad de elección de cada familia o de cada persona en su forma de acceder al hogar«.

La ministra de Vivienda ha inaugurado hoy en Valladolid las I Jornadas Jurídicas de Otoño organizadas por el Decanato Autonómico de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla y León. Beatriz Corredor ha recordado que, según los últimos datos del Ministerio, el número de hogares en alquiler se incrementó en 2008 un 18,3% de tal forma que ya suponen el 13,2% de todos los hogares, dos puntos más que el año anterior. «Sin embargo, esta cifra aún está muy lejos del 40% de media de los países más avanzados de la UE, así que tenemos un largo camino por recorrer», ha asegurado.

Corredor ha explicado que el Gobierno quiere seguir reforzando esta tendencia a través de una serie de iniciativas como la Ley de Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los Edificios, cuyo proyecto de Ley ha sido aprobado esta semana por la Comisión de Justicia del Senado, con lo que sólo resta para su aprobación definitiva su paso por el Pleno del Senado (el próximo día 22) y posteriormente del Congreso.

La ministra ha asegurado que «el proyecto ofrece soluciones ponderadas y razonables para los propietarios de viviendas alquiladas, y lo hace sin reducir en lo más mínimo las garantías de los arrendatarios de buena fe sino, antes al contrario, favoreciendo directamente sus intereses. Es más, este Proyecto de Ley consigue el equilibrio de intereses contrapuestos como son los de arrendador e inquilino. De lo que se trata es de la resolución sin dilaciones indebidas de los conflictos arrendaticios sin olvidar que un mayor clima de confianza ayudará a que se reduzcan las garantías, avales y fianzas, a menudo excesivas, que se suelen exigir a los arrendatarios».

El Proyecto de Ley reforma tres leyes: la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Propiedad Horizontal.

En cuanto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, se amplían los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler. Al supuesto en el que el propietario necesite ocupar la vivienda para uso propio se añade ahora la posibilidad de que la necesite para sus hijos, sus padres y, tras ser aprobada una enmienda en este sentido, su pareja en el caso de sentencia judicial firme de divorcio o nulidad matrimonial. En garantía de la seguridad jurídica, se prevé que tal circunstancia deberá constar expresamente en el contrato de arrendamiento.

Trámites judiciales más ágiles
Los cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil están orientados a la agilización de los procesos arrendaticios. Tiene como fin mejorar la seguridad y las garantías del propietario y del inquilino como medida para fomentar el incremento de la oferta del mercado del alquiler.

La reforma permite asegurar la tutela eficaz de la posición legítima de los arrendadores, de manera que ante incumplimientos graves en el pago del alquiler puedan recuperar sus viviendas de modo rápido y sencillo. Por otra parte, beneficia a los inquilinos de buena fe, dado que la supresión de trámites y la reducción de plazos en los procedimientos impiden que se prolongue en el tiempo la incertidumbre sobre la resolución del conflicto, sin que con ello se vean alteradas sus garantías procesales.

La Ley permite que todas las acciones, tanto de desahucio como de reclamación de rentas se tramiten en juicio verbal, un procedimiento más rápido y sencillo. Además, se adoptan otras medidas de agilización de los procesos en cuenta a citaciones, emplazamientos y notificaciones.

La sentencia condenatoria de desahucio será título suficiente de ejecución directa del mismo en el día y hora señalados, de manera que ya no habrá necesidad de iniciar un nuevo proceso ni trámite posterior. Por lo que respecta a la sentencia de condena al pago de rentas, ésta incluirá, no sólo las devengadas al momento de interposición de la demanda, sino también las que se devenguen hasta la entrega efectiva de la vivienda.

El proyecto mantiene la posibilidad de que las partes puedan llegar a un pacto durante el proceso, de modo que el propietario puede asumir el compromiso de condonar al inquilino total o parcialmente la deuda, a cambio del desalojo voluntario del inmueble. Con objeto de favorecer estos acuerdos, la nueva Ley reduce a 15 días el plazo mínimo para que pueda alcanzarse dicha transacción. Asimismo, para evitar la utilización abusiva y de mala fe de esta figura, el incumplimiento del desalojo voluntario en el plazo acordado tendrá como consecuencia la ejecución directa del desahucio en un plazo no superior a 15 días desde la finalización del periodo voluntario.

Por otra parte, se reduce de dos meses a uno el plazo que debe transcurrir entre el momento en que el arrendador interpone un requerimiento al inquilino por el impago de rentas y la presentación de la demanda. Así se concilian dos intereses. Se mantiene un plazo suficiente para que el arrendatario de buena fe abone lo debido y se reduce el periodo de tiempo para que el arrendador pueda presentar la demanda.

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal modula las mayorías necesarias para que las comunidades de propietarios adopten acuerdos para la mejora de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles.

Por otra parte, y con el objeto de potenciar y favorecer el transporte sostenible, se establece que si se tratara de instalar en el aparcamiento del edificio un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado, siempre que éste se ubicara en una plaza individual de garaje, sólo se requerirá la comunicación previa a la comunidad de que se procederá a su instalación.

Otras medidas en fomento del alquiler.
«Mejorar la regulación del contrato de arrendamiento no es la única medida puesta en marcha por el Gobierno para que pueda desarrollarse en España un auténtico mercado de alquiler de viviendas. Un mercado que, para ser eficaz, debe posibilitar la competencia entre los propietarios, para ampliar no sólo la oferta de viviendas disponibles, sino fundamentalmente su calidad, y todo ello a precios competitivos», ha sentenciado Corredor.

Por ello el Ministerio ha puesto en marcha medidas que pretenden incidir tanto en la vertiente de la demanda como en la oferta de vivienda de alquiler.

Entre ellas, la ministra ha citado el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación que contempla ayudas para el alquiler y en el que está previsto que el 40% de las nuevas viviendas protegidas se destinen al alquiler. Además para fomentar la oferta de vivienda en alquiler se va aumentar la desgravación de las rentas obtenidas por alquiler de vivienda hasta el 60%.

La ministra también ha recordado que hoy mismo se ha aprobado en el Congreso la Ley de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI).

Por último ha recodado que 150.000 jóvenes cobran ya los 210 euros de ayuda al alquiler que supone la Renta Básica de Emancipación.

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Corredor: ‘La nueva Ley fortalecerá las garantías de propietarios e inquilinos de buena fe’

12-03-2009 Vivienda

La modificación de las leyes de Arrendamientos Urbanos y Enjuiciamiento Civil impulsará la incorporación de más viviendas desocupadas al mercado del alquiler

• La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal facilitará las obras de mejora de eficiencia energética de los edificios residenciales

• El Proyecto de Ley ha sido avalado por el Consejo General del Poder Judicial y cuenta con el consenso de las organizaciones más representativas del sector

Beatriz Corredor, Ministra de Vivienda

12 de marzo de 2009.- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha defendido hoy en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los Edificios, el cual «refuerza la seguridad jurídica de los contratos y la eficacia de la Administración de Justicia en los conflictos arrendaticios, favoreciendo tanto a propietarios como a inquilinos de buena fe frente a posibles abusos de la otra parte».

Durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley, Beatriz Corredor ha explicado que «el texto ofrece soluciones ponderadas y razonables a los propietarios de viviendas alquiladas para la resolución, sin dilaciones indebidas, de los conflictos arrendaticios, sin olvidar que un mayor clima de confianza ayudará a que se reduzcan las garantías, avales y fianzas, a menudo excesivas que se suelen exigir a los inquilinos».

Según ha destacado la ministra, el fundamento de la nueva ley radica en la necesidad de impulsar definitivamente un amplio mercado del alquiler en nuestro país. «La existencia de un gran número de viviendas desocupadas es contradictorio e inaceptable dadas las necesidades de una parte importante de la población. Pero para que estas viviendas se ofrezcan en alquiler, es absolutamente necesario establecer un marco de seguridad jurídica más eficiente, de forma que sus propietarios tengan garantías de que van a cobrar las rentas impagadas y en un plazo razonable de tiempo», ha asegurado Corredor.

Modificación de tres leyes

Beatriz Corredor ha detallado algunas de las modificaciones que se introducirán en tres leyes.

En el caso de la Ley de Arrendamientos Urbanos, se amplían los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato para que el arrendador pueda recuperar la vivienda no solo para sí, como hasta ahora, sino también para sus padres o sus hijos, siempre que haga constar tal posibilidad en el contrato.

La Ley de Enjuiciamiento Civil se modifica en varios aspectos para que, sin merma alguna de las garantías de las partes, pueda lograrse mayor agilidad en los procesos. De este modo, se reducen determinados plazos (por ejemplo, el establecido para que se pueda evitar el proceso por el pago in extremis de las rentas adeudadas, que se reduce de dos meses a uno y se clarifican muchas de las normas aplicables a este tipo de causas, como la determinación del domicilio o la fijación de la cuantía del proceso). Además, se introducen mayores facilidades procesales para el demandante, entre las que cabe destacar la ampliación de los supuestos en que podrá acudir al juicio verbal o la novedad de que con una única sentencia se puede conseguir el lanzamiento y las rentas debidas, también las devengadas durante el proceso, sin necesidad de tener que acudir nuevamente al juzgado para hacerlo efectivo.

La ministra ha hecho hincapié en que «el Gobierno comparte la preocupación por la situación de hogares en alquiler con dificultades económicas, pero también tiene claro que la protección de esas familias no debe recaer ni sobre los arrendadores ni en el uso fraudulento de la justicia. La responsabilidad de proteger a las familias más desfavorecidas corresponde a los poderes públicos y este Gobierno la ha hecho suya con medidas como, por ejemplo, las importantes ayudas para los inquilinos contempladas en el Plan de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) o la deducción en IRPF de las rentas satisfechas en concepto de alquiler».

La tercera norma que se propone modificar es la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las mayorías necesarias en las juntas de propietarios para que la comunidad afronte la realización de obras de mejora de eficiencia energética del edificio, evitando que la decisión de uno solo de los copropietarios pueda interferir en la voluntad colectiva. Es una reforma que, según ha explicado la ministra, está en consonancia con otras actuaciones del Ministerio como el programa específico de ayudas, el Plan Renove para la rehabilitación y la eficiencia energética de los edificios que se integra en el nuevo PEVR.

Un Proyecto de Ley con el máximo consenso

Beatriz Corredor ha destacado, asimismo, el esfuerzo del Gobierno por alcanzar el máximo consenso en torno a este Proyecto de Ley, en el que se han incorporado observaciones presentadas por más de una veintena de organizaciones e instituciones: Comunidades Autónomas, jóvenes, propietarios, colegios profesionales o entidades financieras, entre otros.

Además, el Consejo General del Poder Judicial también analizó en términos muy favorables el Proyecto de Ley, señalando textualmente en su informe que «sin conculcación de ningún derecho, se gana en economía procesal y se favorece la celeridad del procedimiento, lo que debe ser objeto de valoración positiva».

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La ministra de Vivienda insta a los empresarios del sector a que apuesten por la rehabilitación y no pierdan el tren de la modernización

02-02-2009 Vivienda

La ministra advierte a los promotores que “no pueden permitirse el lujo de quedarse atrás en las aplicación de las nuevas tecnologías, la innovación y las energías renovables como nuevas vías de actividad, negocio y creación de empleo”

• El Gobierno dedicará 4.000 millones de euros a la rehabilitación de viviendas que generarán una producción efectiva en el conjunto de la economía de otros 4.000 millones

Beatriz Corredor, Ministra de Vivienda

Barcelona, 02 de febrero de 2009.- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha instado a constructores y promotores a sumarse a la apuesta pública por la rehabilitación “para recuperar la actividad y preservar el empleo, ya que es una actividad y intensiva en mano de obra e impulsa el desarrollo de otras industrias y servicios auxiliares al sector de la construcción residencial”, ha dicho. Según los cálculos del Ministerio, solo la rehabilitación aislada de viviendas puede generar 75.000 empleos anuales en los próximos cuatro años.

Beatriz Corredor ha pronunciado hoy una conferencia en Tribuna de Barcelona en la que ha expuesto los objetivos, fundamentos y principales medidas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, incluido en el Plan E. “Es el Plan de Vivienda más ambicioso de la democracia y un poderoso instrumento de protección social al incrementar la atención de las familias con más dificultades al tiempo que se abre también a los hogares de rentas medias que habían quedado excluidos del mercado de vivienda libre, por los altos precios, pero que tampoco reunían los requisitos para optar a una VPO”, ha dicho Corredor. Ha destacado las líneas estratégicas del mismo: el alquiler, la rehabilitación y las medidas transitorias para evitar la paralización entre el nuevo Plan y el anterior y para aprovechar el stock de viviendas sin vender en beneficio de los demandantes de VPO.

El Plan prevé ayudas para un millón de hogares españoles de las que el 47% se destinarán a rehabilitación hasta alcanzar las 470.000 actuaciones, tres veces y media más que las contempladas en el Plan anterior.

La ministra ha subrayado el alto grado de sintonía de todas las administraciones en torno a la conveniencia de incentivar la rehabilitación y la renovación urbana como lo demuestra el hecho de que el 40% de los 31.000 proyectos presentados por los Ayuntamientos para el reparto de los 8.000 millones del Fondo Estatal de Inversión Local se dirigen a la rehabilitación, a la mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética.

Corredor ha explicado que el Ministerio ha incorporado a sus presupuestos de 2009, para la puesta en marcha inmediata de las primeras obras, los 110 millones del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo que el Gobierno ha destinado para rehabilitación de viviendas y espacios urbanos. La distribución de esa inyección adicional se decidirá este mes en una Conferencia Sectorial de Vivienda.

Ha anunciado hoy que la inversión de su departamento en las políticas de rehabilitación incluidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 será de 2.000 millones de euros, a los que se sumarán otros 2.000 millones de financiación adicional a través del ICO. “Esta inversión generará una producción efectiva en el conjunto de la economía de más de 4.000 millones de euros”, ha dicho Corredor que también ha explicado que el 42% será de inversión directa y el resto se corresponderá con el efecto indirecto en los sectores que son clientes y proveedores de las ramas afectadas por la rehabilitación.

Rehabilitación energética: la necesaria incorporación de las nuevas tecnologías, la innovación y las energías renovables. La titular de Vivienda ha enfatizado además las posibilidades que ahora se abren con la rehabilitación energética de los edificios y viviendas. El Plan Estatal asume como línea estratégica la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de las viviendas ya construidas así como el impulso al uso de las energías renovables, para lo cual incorpora las ayudas RENOVE.

“Necesitamos avanzar hacia un proceso constructivo que incida en la innovación tecnológica y estamos en una excelente disposición para apostar de forma definitiva por la eficiencia energética de los edificios nuevos y preexistentes y por el uso de las energías renovables. Nuestras empresas no pueden permitirse el lujo de quedarse atrás” ha dicho Beatriz Corredor para quien “el sector de la construcción residencial podría contribuir al cambio de modelo productivo que necesita nuestro país. El sector tiene que subirse, definitivamente, al tren de la modernización y tiene ante sí grandes oportunidades si enfoca su actividad desde un nuevo planteamiento. Las nuevas tecnologías, la I+D+I o el uso de las energías renovables son los instrumentos que tienen para reactivar sus propias empresas lo que redundará en creación de empleo de mayor calidad y en beneficio general de una economía más productiva”, ha asegurado Corredor.

En este sentido, la ministra ha recordado que España quiere liderar la agenda europea en materia de rehabilitación y eficiencia energética de los edificios, para lo cual Corredor ya ha anunciado la celebración en nuestro país de la próxima reunión informal de ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano de la UE, en 2010 coincidiendo con el semestre de presidencia comunitaria.

Además, el Ministerio ha asumido la organización en Madrid de la primera edición europea del certamen Solar Decathlon, en coordinación con el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Se trata de una competición entre Universidades de todo el mundo, liderada en España por la Politécnica de Madrid que consiste en diseñar y construir viviendas energéticamente autosuficientes. Hasta ahora solo se había organizado en los Estados Unidos.

El momento del alquiler

La ministra ha hecho hincapié en otra de las grandes líneas estratégicas del PEVR, la apuesta del alquiler al que se destinarán el 40% de las nuevas VPO. El Plan financiará la promoción de 100.000 nuevas viviendas protegidas para arrendamiento junto con otras 70.000 procedentes de la rehabilitación.

Para fomentar el alquiler, se articulan toda una serie de medidas entre las que la ministra ha destacado el reforzamiento del alquiler con opción de compra, la creación de los alojamientos protegidos para colectivos espacialmente vulnerables y para la comunidad científico-universitaria y el incremento de las ayudas a los inquilinos.

De forma paralela, al margen del PEVR, para reforzar y ampliar el aún exiguo mercado del alquiler, el Ministerio ha puesto en marcha otras medidas como el Proyecto de Ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y de eficiencia energética de los edificios por el que se modificarán la Ley de Arrendamientos Urbanos, para permitir al propietario recuperar la vivienda si la necesita para si, sus padres o sus hijos; y la ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar los procesos de desahucio y reclamación de rentas impagadas beneficiando al propietario pero también al inquilino de buena fe, puesto que es previsible que se suavicen las garantías excesivas que muchas veces se piden.

Medidas coyunturales: aprovechar el stock para los ciudadanos

La ministra ha explicado también las medidas que el PEVR incluye para evitar la incertidumbre y un indeseable frenazo en la transición del Plan anterior al nuevo. Se incorporan medidas que permiten inyectar liquidez a las empresas simplificando los requisitos exigidos para trasladar el excedente de viviendas sin vender del mercado libre al protegido.

Para ello, se amplían las familias que podrán beneficiarse del Plan permitiendo, en 2009, que las que tengan una renta de hasta 7 veces IPREM (48.000 euros anuales) puedan adquirir una vivienda de precio protegido. Además se podrán calificar como VPO, las viviendas libres con licencia anterior a 1 de septiembre de 2008 siempre que se sujeten a los precios y requisitos del Plan y se elimina el plazo de un año para considerarse como usadas, a efectos de su financiación las viviendas libres ya terminadas.

Otros instrumentos de la política de Vivienda: movilización de suelo

Por último la ministra también se ha referido a otro instrumento de acción del Ministerio como la movilización de suelo público y privado con el fin de que la parálisis actual del sector no afecte a la construcción de vivienda protegida a medio y largo plazo.

En lo que respecta al suelo de la Administración General del Estado, la ministra ha recordado la creación de la Comisión Interministerial de Trabajo sobre suelo para intensificar el proceso iniciado la pasada legislatura. En este contexto, el Ministerio ha adquirido recientemente cuatro cuarteles en cuyos terrenos se construirán 2.000 viviendas protegidas.

En el ámbito privado, SEPES, la entidad de suelo dependiente del Ministerio está en estos momentos en la fase de análisis y estudio de las propuestas recibidas en la primera Oferta Pública de Compra de Suelo, una iniciativa que ha tenido una amplia respuesta, con más de 33 ofertas recibidas por un importe de 541 millones de euros, que supera por tanto el presupuesto previsto de 300 millones. El desarrollo de estas actuaciones, que generarán 7.500 puestos de trabajo, permitirá la construcción de 18.600 viviendas protegidas.

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La Comunidad de Madrid saca al mercado las primeras 1.220 Viviendas Libres de Precio Concertado

31-10-2008 C. de Madrid

Los pisos se distribuyen por toda la región, sobre todo en Madrid, Valdemoro y Ciempozuelos

 La vivienda tipo tiene 80 metros, dos dormitorios, garaje y una rebaja del 20% respecto al mercado libre

 Los ciudadanos pueden consultar la ubicación, precio y características de los pisos en http://www.madrid.org/vivienda

 El precio máximo de estas viviendas oscila entre los 200.000 y los 320.000 euros, en función de su ubicación

31,oct,08.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, firmó hoy un convenio con 51 promotoras inmobiliarias que permitirá sacar al mercado las primeras 1.220 Viviendas Libres de Precio Concertado que forman parte del stock de pisos que no encuentran comprador. Como explicó Esperanza Aguirre, “con esta iniciativa, novedosa y pionera en España, los promotores se comprometen a rebajar los precios de su stock de vivienda libre, las entidades financieras a conceder préstamos en condiciones ventajosas, los colegios profesionales a reducir sus tarifas y la Comunidad a impulsar convenios y difundir las ofertas a través de Internet”.

De este modo, el Ejecutivo regional traslada a los ciudadanos la confianza necesaria para que opten por comprar unas viviendas que, gracias a la intermediación de la Comunidad y el compromiso de promotores y entidades bancarias, tienen precios asequibles y van a contar con financiación suficiente para su compra. Estas primeras 1.220 Viviendas Libres de Precio Concertado tienen una superficie media de 78,7 metros cuadrados, 2 dormitorios, plaza de garaje y una de cada cuatro dispone de trastero.

Valdemoro, por el momento, acoge el mayor porcentaje de viviendas inscritas (34%), seguido de Madrid capital (11%), Ciempozuelos (10%), San Fernando de Henares (5%) y Torrejón de Velasco (4,8%). Los ciudadanos también podrán comprar viviendas de este tipo en Aranjuez, San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Collado Villalba, Arganda del Rey, Arroyomolinos, San Martín de Valdeiglesias, Campo Real, Villa del Prado, Perales de Tajuña, Anchuelo, Villamantilla, Ajalvir, Villarejo de Salvanés, Chichón, Daganzo de Arriba y El Molar.

La Asociación de Promotores de Madrid (Asprima), además, otorgará un certificado a las Viviendas Libres de Precio Concertado a medida que se vayan vendiendo para garantizar que esos pisos cumplen todos y cada uno de los requisitos de este acuerdo (precios, calidades,entre otros).

Rebaja del 20% en el precio

Para favorecer la venta de estas viviendas, los promotores han aplicado una rebaja en su precio del 20%. Las viviendas adscritas a este convenio están sujetas a un precio máximo de venta definido en función de la zona en la que estén emplazadas (A, B, C o D), con precios máximos de entre 200.000 y 320.000 euros según la zona. Aguirre rubricó este primer acuerdo con los promotores en presencia de la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño; del presidente de Asprima y de APCE, José Manuel Galindo; y de representantes de instituciones financieras, de los colegios de notarios y registradores y de otras autoridades.

Toda la información en http://www.madrid.org/vivienda

A partir de hoy, los ciudadanos podrán consultar la ubicación y características (precio, superficie, distribución, fotografías, entre otros aspectos) de estas primeras Viviendas Libres de Precio Concertado en la página web regional (www.madrid.org/vivienda). En esta web, además, se facilitará el contacto de las promotoras que comercializan estas viviendas.

El acuerdo rubricado hoy surge del convenio firmado el 30 de julio entre Aguirre, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), las entidades financieras más importantes del país (BBVA, Caja Madrid, La Caixa, Banco Popular, Banesto y Banco Santander), los colegios de notarios y registradores y la Asociación Hipotecaria Española. Se calcula que hasta finales de año, en la Comunidad de Madrid habrá 25.000 viviendas en espera de compradores.

Precio máximo de venta

De acuerdo con el convenio, las Viviendas Libres de Precio Concertado estarán sujetas a un precio máximo de venta definido en función de la zona en la que estén emplazadas. En el cálculo del precio máximo se tendrá en cuenta sólo los primeros 100 metros cuadrados de cada vivienda, que podrán superar esta superficie. Así, las viviendas ubicadas en la zona A (Madrid, Alcobendas, Las Rozas, Majadahonda y San Sebastián de los Reyes, entre otros) tendrán un precio máximo por metro cuadrado de 3.200 euros. Es decir, una vivienda de 100 metros cuadrados en estas localidades, y acogidas a esta fórmula, costará como máximo 320.000 euros.

Los pisos situados en la zona B (Alcalá de Henares, Alcorcón, Colaldo Villalba, Móstoles, Getafe, Rivas-Vaciamadrid, entre otros) tendrán un precio máximo por metro cuadrado de 2.600 euros. Las ubicadas en la zona C (El Molar, Hoyo de Manzanares, Moralzarzal y San Agustín de Guadalix, entre otros) tendrán un precio máximo por metro cuadrado de 2.300 euros y las ubicadas en la zona D no podrán superar un precio máximo de 2.000 euros por metro cuadrado. Se calcula que estos precios supondrán una rebaja del 20% respecto a los precios actuales del mercado.

Alquiler con opción a compra

Además, aquellos madrileños que tengan dificultades para reunir la cantidad necesaria para dar la entrada de la vivienda, podrán escoger la fórmula del alquiler con opción a compra. En este caso, la renta anual inicial equivaldrá al 4,5% del precio total de venta, es decir, que por una vivienda de 100 metros cuadrados se pagará un alquiler mensual máximo de entre 750 y 1.200 euros, actualizable en función de la subida del IPC, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Si a los tres años el inquilino ejerce el derecho a compra de la vivienda, el precio final de la misma será el fijado en el contrato inicial actualizado en función del precio básico nacional de vivienda protegida. A este precio final se le restará el 50% de las rentas pagadas a lo largo de ese periodo.

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La ministra de Vivienda aboga por un mercado profesionalizado del alquiler que mejore la calidad y baje los precios

24-09-2008 Vivienda

El nuevo Plan Estatal de Vivienda, que centrará la próxima Conferencia Sectorial del 30 de septiembre, mejorará la financiación de la promoción de viviendas en alquiler

• Anuncia reformas normativas para fomentar la inversión empresarial en viviendas de alquiler sobre suelo cedido en derecho de superficie

“El alquiler da opción a las familias para adaptar su proyecto de vida y su capacidad financiera, facilita la movilidad laboral y la emancipación de los más jóvenes”. Bajo esta afirmación, la ministra de Vivienda ha desgranado las medidas que el Gobierno está adoptando para fomentar y profesionalizar el mercado de alquiler en España.

En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, acerca de las medidas para potenciar el alquiler, Beatriz Corredor ha abogado por “una oferta suficiente y un mercado más profesionalizado del alquiler en España que mejore la calidad de las viviendas y tire a la baja de los precios para hacerlos más competitivos”. La ministra ha comparado la situación de nuestro país donde solo un 11% de las familias residen en viviendas de alquiler con la del resto de Europa donde el porcentaje ronda el 40%;“nos queda mucho trecho por recorrer” ha concluido.

La ministra ha anunciado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que centrará la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebrará el martes 30 de septiembre, “mejorará la financiación de la promoción de viviendas en alquiler, haciendo compatibles las ayudas a los inquilinos que opten también por estas viviendas”. Además se abordarán nuevas vías para potenciar su construcción. Corredor ha anunciado que los Ministerios de Vivienda y Economía y Hacienda trabajan en las modificaciones normativas necesarias para favorecer la inversión privada en los suelos de las administraciones públicas cedidos en derecho de superficie “a fin de mejorar el parque público de viviendas en alquiler a disposición de las administraciones para las generaciones actuales y futuras”.

No serán las únicas reformas. El Gobierno tiene en marcha otros cambios legislativos para potenciar el mercado del alquiler. Así, en coordinación con el Ministerio de Justicia, ha presentado al Consejo de Ministros, sendas propuestas para reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Las reformas persiguen, ha explicado la ministra, “reforzar la seguridad jurídica del propietario que alquila su vivienda vacía y al mismo tiempo establecer medidas procesales para agilizar los desahucios, las rentas impagadas y acortar la resolución de los conflictos arrendatarios, sin menoscabo de la seguridad jurídica del inquilino”. Con la modificación de la LAU, el propietario de una vivienda podrá recuperarla cuando la necesite para un descendiente o ascendiente en primer grado y no sólo para su uso propio como hasta ahora.

La ministra se ha referido también a las dos medidas anunciadas por el presidente del Gobierno: las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria que se van a crear y los préstamos de intermediación para favorecer que las viviendas en stock se pongan en alquiler “con lo cual se seguirá profesionalizando el mercado, como exige nuestra economía”.

En su intervención, Beatriz Corredor ha querido además dejar claro que “mientras mantenga la confianza del Presidente, seguirá trabajando al frente del Ministerio para que sea un poco más fácil para las familias españolas acceder a una vivienda independientemente de lo que pidan otros grupos políticos”.

 

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La Sociedad Pública del Alquiler arrienda el 66,7% de las viviendas ofertadas

16-09-2008 Moncloa

La SPA ha incrementado un 21% el número de viviendas alquiladas en los ocho primeros meses del año. Los alquileres que gestiona la Sociedad Pública suponen una rebaja de la renta del 13% para los inquilinos

La Sociedad Pública de Alquiler, dependiente del Ministerio de Vivienda, ha cerrado ya un total de 8.233 contratos de arrendamiento con inquilinos, lo que supone un 66,7% de las 12.343 viviendas cuyos propietarios han aceptado la renta propuesta por la SPA.

Desde su constitución, la Sociedad Pública ha recibido un total de 43.215 solicitudes, no duplicadas, de propietarios de viviendas para incluir en el programa SPAVIV.

De ellas, y una vez descontadas las que solo requerían información sin mostrar un interés real, se encuentran en el proceso de gestión previo a su oferta un total de 2.379 y 31.739 han sido evaluadas por la SPA.

Del total de viviendas evaluadas, 12.343 son las que hasta el momento se han puesto a disposición para su alquiler al haber aceptado la oferta de renta sus propietarios y 4.229 están aún inmersas en diversas gestiones no concluidas como la negociación de renta, puesta a punto, etc; otros 3.259 propietarios han rechazado la oferta por motivos exclusivamente económicos, 2.284 habían alquilado en el mercado libre tras la tasación de la SPA y 9.624 casos no han prosperado por otros motivos. Entre éstos últimos cabe destacar la imposibilidad legal (falta de documentación que acredite la titularidad, no disponer la vivienda de los suministros dados de alta, la venta de la vivienda), desacuerdo entre varios titulares o la modificación de las necesidades del propietario respecto a la vivienda.

Incremento de un 21% en 2008

La Sociedad Pública de Alquiler arrendó 2.784 viviendas en los ocho primeros meses de 2.008 lo que supone un incremento del 21% con respecto a las 2.300 alquiladas en el mismo periodo del año pasado

Destacan también los datos del mes de agosto porque el número de propietarios interesados en aportar sus viviendas al programa SPAVIV aumentó en un 30,63% con respecto al mismo periodo de 2007. El mes pasado, la SPA entregó las llaves de 251 pisos, lo que supone un aumento de un 15,14%.

En cuanto a los precios, la renta del alquiler gestionado por la SPA supone una rebaja media del 13,2% para el inquilino en comparación con los precios del mercado libre.

Estos datos avalan y refuerzan la política del Ministerio de Vivienda de situar el fomento del alquiler como una de las prioridades del Gobierno en esta legislatura para garantizar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna. Una apuesta decidida que ya se está plasmando en las distintas iniciativas puestas en marcha como las reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos o la Ley de Enjuiciamiento Civil. Más recientemente, los anuncios del presidente del Gobierno de una nueva línea de prestamos del ICO vinculados al alquiler de viviendas no vendidas o la creación de Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.

En esta línea, la Sociedad Pública de Alquiler también ha introducido una serie de mejoras en su gestión que ya están dando los primeros frutos. Así se han reducido las gestiones administrativas y se ha incrementado el seguimiento de la morosidad.

Naturaleza de la SPA

La Sociedad Pública de Alquiler se creó en abril de 2005 con el reto de dinamizar el mercado de alquiler ofreciendo un marco estable de relación entre arrendador e inquilino.

La SPA garantiza al propietario la gestión integral del inmueble, asegurándole el cobro de la renta desde el primer contrato de arrendamiento y durante cinco años aunque la vivienda esté desocupada.. Asimismo, gestiona cualquier incidencia que pudiera surgir durante la duración del contrato con una serie de seguros específicos como multirriesgo o asistencia jurídica.

 

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La rehabilitación y la vivienda protegida en alquiler, apuestas de Corredor para afrontar el ajuste del sector inmobiliario

03-06-2008 Moncloa

Comparecencia a petición propia de la Ministra ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados

• Revela que su intención es crear un nuevo marco legal para la rehabilitación de viviendas y para la renovación de cascos urbanos.

• Anuncia que el Plan RENOVE para los edificios de más longevidad será una realidad a finales de este año.

• Propone la promoción intensiva de la VPO en alquiler con opción a compra.

• Se pone como objetivo que el 40% de las viviendas protegidas lo sean en régimen de alquiler a lo largo de la próxima década

• Dispone incentivos fiscales para las empresas que construyan VPO en alquiler y destaca la continuidad de los créditos del ICO para promoción pública.

• Augura que durante esta legislatura, “1 de cada 3 hogares dispondrá de ayudas para acceder a su vivienda”.

• Promete la promoción de alquileres para científicos e investigadores en parques tecnológicos.

“Quiero que la política de vivienda del Estado incluya como línea estructural la intervención pública en la renovación de nuestras ciudades y pueblos, con respuestas eficaces para satisfacer el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada en un entorno sostenible y accesible para todos”.

Bajo esta premisa, y bajo su “compromiso personal”, la ministra de Vivienda Beatriz Corredor ha dibujado hoy así una de la dos grandes líneas que van a vertebrar sus políticas de vivienda a lo largo de esta legislatura.

En su primera comparecencia parlamentaria, Corredor se ha marcado como sus dos grandes objetivos en el ministerio la rehabilitación y la renovación urbana y el fomento de la vivienda pública en régimen de alquiler.

En lo que toca al primero de los objetivos, Corredor ha explicado ante la Comisión de Vivienda que pretende que “el desarrollo sostenible de nuestros pueblos y ciudades, la eficiencia energética y la accesibilidad en las edificaciones existentes, en suma, la calidad de vida de los ciudadanos y de los vecinos, serán los valores que dirijan la política del Gobierno en rehabilitación y renovación urbana para, así, garantizarles su derecho a disfrutar de un ambiente urbano amable, humanizado y saludable”.

Y con tales objetivos, la ministra de Vivienda ha anunciado antes los diputados y diputadas que su planteamiento es el de regular legalmente y de manera específica la intervención rehabilitadora urbana “desde una perspectiva multidisciplinar e integradora”. “Tengo la intención de acometer”, dijo Corredor, “la redacción de un marco regulador básico para la rehabilitación y la renovación urbana”.

Para el ministerio de Vivienda, las políticas de rehabilitación y de renovación de los barrios más céntricos de las ciudades conseguirán el doble objetivo económico –ya que dinamizará el sector y promoverá mano de obra directa- y social –ya que paliará los riesgos de exclusión social (sobre todo para los colectivos que habitan mayoritariamente estos núcleos urbanos como mujeres con recursos escasos y ancianos que viven en soledad) y el mobbing inmobiliario-.

Junto a la dinamización de los núcleos urbanos, el otro eje pasa por la rehabilitación ecológica, es decir, para la renovación sostenible y de eficiencia energética del parque de viviendas más antigüo del país. Este eje supondrá la puesta en marcha de un Plan RENOVE que Corredor ha anunciado para finales de este año y con una dotación presupuestaria inicial de 800 millones de euros.

Las primeras previsiones establecen que este plan, en sus primeras etapas, actuará sobre 500.000 viviendas, que, por ejemplo , equivale a toda la ciudad de Sevilla.

El Plan RENOVE, cuyas medidas están ahora sometidas a estudio y propuesta de todos los Ministerios implicados, bonificará ecológicamente el parque edificado que suma 25 millones de viviendas. De ellas, las más ancianas, con más de 50 años de vida, son más de 6 millones. Y más de la mitad del parque edificado actualmente está por encima de los 30 años de longevidad. Para todo este parque de viviendas más antigüas, el Plan RENOVE permitirá su renovación energética para frenar así la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y una adaptación más sostenible, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

El fomento del alquiler y del modelo “alquiler protegido con opción a compra”

Beatriz Corredor ha desgranado también a lo largo de su comparecencia otra de las grandes líneas estratégicas que diseñarán el inminente y nuevo Plan de Vivienda 2009-2012: el alquiler y su versión VPO para arrendar con opción a compra en un futuro. Esta última fórmula, según el ministerio de Vivienda, será una inyección de ánimo para las personas que deseen o que necesiten formar un nuevo hogar y, también, inyectará confianza en el sector constructor y promotor al acudir a este mercado bajo el manto de los créditos del ICO.

La Renta Básica de Emancipación (RBE) continuará siendo para Corredor una herramienta útil para la emancipación de los más jóvenes ya que las cifras, según la Ministra, demuestran “su gran acogida”. Pero también lo serán las deducciones fiscales al alquiler para colectivos con riesgo de exclusión o con necesidades evidentes de protección –hablamos de subvenciones para el alquiler o para la opición a compra de una vivienda a las mujeres víctimas de violencia de género o a familias monoparentales-.

Pero también, en el lado de la oferta, el departamento que dirije Beatriz Corredor tiene la intención de coordinar con el Ministerio de Economía y Hacienda un paquete de medidas e incentivos fiscales para las empresas o fondos inmobiliarios que promuevan , construyan y comercialicen viviendas públicas protegidas en régimen de alquiler. Además, y en coordinación con el Ministerio de Justicia, se abordará la necesidad de introducir cambios normativos para fomentar la cesión de suelo público en derecho de superficie.

El caso es que, en línea con la promoción y el fomento del alquiler, tanto libre como protegido, uno de los compromisos que ha anunciado la ministra de Vivienda es que el 40% de las viviendas protegidas que se edifiquen en los próximos diez años lo sean en régimen de alquiler.

Además, y también en diálogo con el ministerio de Justicia, se estudiarán la necesidad de introducir algunos cambios normativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

No obstante, Corredor ha destacado ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados el éxito de una experiencia piloto dirigida por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en la creación de unidades de desahucios expréss. “Desde que se presenta una demanda hasta que se efectúa el desalojo forzoso del inmueble trascurren entre 3 y 4 meses”, ha dicho Corredor, por lo que, “a la vista de estos esperanzadores resultados, el Gobierno se plantea extender esta experiencia a otros territorios”.

Alquileres para científicos y la vivienda en perspectiva de género

La ministra Corredor ha anunciado la puesta en marcha durante esta legislatura de un programa de viviendas en alquiler para investigadores en colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Estas residencias en alquiler se introducirán en el diseño y planeamiento de los futuros 60 parques tecnológico-científicos que se van a poner en construcción a lo largo de la legislatura.

Por otro lado, y en la línea con el discurso de investidura del Presidente del Gobierno, Beatriz Corredor ha comunicado en sede parlamentaria la adopción de nuevas medidas para lograr la igualdad desde las políticas de vivienda. De este modo, además de mantener las líneas previstas en el actual Plan de Vivienda, se introducirán criterios de género en la elaboración de las estadisticas y estudios del Ministerio y se creará, dentro de este departamento, una Comisión Asesora de Igualdad de Oportunidades .

Promoción de suelo público

Junto con las políticas de fomento del alquiler protegido, otra línea fundamental es la liberación de suelo público. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya se ha comprometido con este Ministerio a entregarle, en el plazo de 6 meses, un atlas de la oferta y de las necesidades de suelo de titularidad pública en las más de 8 mil corporaciones locales españolas.

Pero también está la gestión de la empresa pública dependiente del ministerio de Vivienda SEPES. En esta línea, SEPES se plantea coordinar con otros ministerios la cesión de suelo estatal. Así, se creará un órgano interministerial con este objetivo.

De momento, el Estado ha liberado 22 millones de metros cuadrados de suelo público, (el equivalente a 4.200 campos de fútbol), para el planeamiento y construcción de más de 67.000 mil viviendas protegidas.

El actual y el nuevo Plan de Vivienda

Corredor ha anunciado una modificación “profunda” de la orientación del actual Plan 2005-2008. De este modo, se introducirán los factores de flexibilidad para cada Comunidad Autónoma, pero también de corresponsabilidad.

Según el balance de ejecución del actual Plan de Vivienda, 640.000 familias (las mismas que habitan comunidades como Castilla La Mancha o Canarias) han recibido alguna de sus ayudas previstas; se ha promovido la construcción de más de 230.000 viviendas públicas (equivalente a la población de Palma de Mallorca); y se ha financiado la rehabilitación de 190.000 viviendas (comparable a las provincias de Lleida o Albacete).

En lo que toca al alquiler, el actual Plan ha beneficiado con ayudas o incentivos fiscales a 5.000 propietarios y a más de 53.000 inquilinos

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